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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México debe dar marcha atrás al despliegue de tropas del Ejército para operaciones de seguridad pública hasta 2024, por graves riesgos de violaciones a los derechos humanos, que es contrario a las promesas que hizo en campaña el actual presidente, señalaron analistas y defensores de víctimas.

“La decisión evidencia un engaño del presidente Andrés Manuel López Obrador al electorado mexicano, pues como candidato construyó una narrativa crítica al Gobierno del entonces mandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018) por tener a los militares en las calles, haciendo supuestas funciones de Policía”, dijo a Sputnik José Antonio Guevara, director ejecutivo de la independiente Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.

Guevara, quien también integra el grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recordó que, cuando se desempeñaba como líder de la oposición, López Obrador “condenó seriamente las graves violaciones de derechos humanos que las fuerzas militares cometieron en aquella época”.

Hay abundantes discursos, entrevistas y vídeos del actual jefe del Ejecutivo cuestionando en particular la decisión de involucrar al Ejército y la Marina armada en la lucha contra el narcotráfico adoptada en 2006, cuando de desató una escalada de violencia que en ha dejado cientos de miles de muertos.

López Obrador emitió la semana pasada un decreto que autoriza a que las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y la Fuerza Aérea realicen durante cinco años tareas complementarias de seguridad pública con la flamante Guardia Nacional (GN), creada el año pasado e integrada fundamentalmente con militares.

El decreto señala de manera explícita que esta participación de las fuerzas militares se hará “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” a las de la Guardia Nación e instruye para que los uniformados garanticen el respeto a los derechos humanos en sus operativos.

Pero el periodo “extraordinario” abarca hasta su último año del sexenio presidencial.

Críticas de organismos internacionales

Las instrucciones del decreto presidencial son insuficientes para los principales organismos internacionales que velan por el respeto a las garantías fundamentales.

El temor de esas instancias es que, al continuar con los militares en las calles, vuelva el incremento de graves violaciones perpetradas por uniformados en verde oliva, que ejercen toda su capacidad letal y de destrucción.

Las tanquetas, jeeps artillados, helicópteros y aviones de guerra ya estuvieron en escena en los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012), violando la Constitución

Peña Nieto lanzó a los militares al combate mediante una polémica Ley de Seguridad Interior, promulgada en 2017 y declarada inconstitucional por la suprema Corte de Justicia en noviembre de 2018, pocos días antes de que asumiera el cargo López Obrador.

La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ya pidió al Gobierno que revise la decisión.

Esa instancia que encabeza Michelle Bachelet advierte que el decreto amparado en una reforma constitucional que dio vida a la Guardia Nacional militarizada, “no contiene información ni disposiciones que permitan evaluar su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales”.

Guevara, quien ha representado a México en la sede de la ONU en Ginebra, cuestiona la redacción del decreto, que califica como “una orden vaga con subordinación inexistente, sin controles e inseguridad jurídica”.

“Es la culminación de un proceso de militarización que inició Felipe Calderón, fortaleció Peña Nieto y López Obrador constitucionaliza”, cuestionó Guevara, coautor del informe “Violencia y Terror: hallazgos sobre fosas clandestinas” de 2006 a 2017.

Retomado de RIA Novosti Sputnik